ACTIVISMOS ES DISPUTA: EL ABORTO COMO CENTRO DEL DEBATE

¿Cómo se construye el significado del “aborto”? Pensar este interrogante abre camino a entender el modo en que se esgrimen activismos diametralmente opuestos en torno a un debate tan controversial y con tanta vigencia en nuestros días.

Por Florencia Rodríguez*

Foto: Lautaro Baez

Un esfuerzo por ubicar al aborto dentro de la agenda política argentina actual no debe desestimar la perspectiva de los diferentes movimientos sociales que protagonizan la lucha por construir su sentido. En términos generales, dicha pugna puede verse representada en el enfrentamiento de dos movimientos políticos globales que son: el movimiento “Pro-Vida” y el movimiento “Pro-Derecho”. Ambos, aglutinan a su vez, un crisol de organizaciones que se destacan a nivel nacional y regional por su militancia alrededor de tal problemática. En muchas ocasiones, y sin ánimos de ser reduccionistas, dichos grupos se vinculan a nivel local con asociaciones civiles de la Iglesia Católica, por un lado, y movimientos feministas, por el otro.

El aborto como tal comenzó a situarse como objeto de debate público en América Latina y el Caribe, a partir de las restauraciones democráticas de las últimas décadas del siglo XX (Ramos, 2015). Durante los años ´70 y ´80 la batalla por el derecho al aborto se instaló en nuestro país, y fue producto de un clima social y político que reunía una serie de factores, dando paso a un sinfín de controversias.

En la actualidad, la legislación nacional aprueba la interrupción del embarazo frente a pocas situaciones motivantes, contempladas en el Código Penal Argentino en su art. 86; inc. 1 y 2, desde el año 1921. En el mismo se señala que: “toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a requerir la interrupción del embarazo, según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, cuando: el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer; cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer; cuando el embarazo proviene de una violación; y cuando el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental”.

Complementariamente, en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un fallo “F. A. L.”, resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, independientemente de la condición de su salud psíquica, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa. Este fallo se da en el marco de una sentencia del año 2010 y posteriormente la Corte Suprema ratificó el decreto, que establece a su vez la correcta interpretación del Art. 86 del Código Penal, sentando jurisprudencia frente a un pronunciamiento que pudiera servir de guía para futuros casos análogos.

No quedan dudas de que el Estado juega aquí un papel fundamental en cuanto dispone sus recursos para la elaboración e implementación de políticas públicas que dan forma al orden social vigente. Del marco de ese orden social, es que emanan diferentes fuerzas que se organizan como acción colectiva y construyen subjetividades colectivas diferenciadas respecto a cómo debe ser entendida la interrupción del embarazo.

Ya desde sus inicios, indica Alejandra Ciriza (en Anzorena y Zurbriggen, 2013), el punto de conflicto reside en plantear el derecho al aborto como derecho ciudadano. Esto implica instalar las diferencias entre los cuerpos sexuados de los sujetos, poner en crisis la dominación patriarcal y situar la temática en un plano político, cuyo eje es el derecho de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, vía la liberación de las mujeres de la maternidad como mandato y la autonomía reproductiva, siempre en el marco de la reivindicación de los derechos de ciudadanía.

Exactamente en la vereda opuesta se encuentran las demandas que lleva adelante el autodenominado movimiento “Pro-Vida”, cuya principal abanderada en Argentina es la Iglesia Católica. A partir de su doctrina, ésta justifica un orden de sujeción para las mujeres, argumentando la existencia de una “misión natural”: la reproducción de la especie en el marco de una familia monogámica y bajo los patrones del régimen político de la heterosexualidad. Está claro que dicha posición detenta la hegemonía discursiva, lo cual se refleja en el manejo de las políticas públicas en materia de salud de las mujeres. Ha sido precisamente sobre la temática del cuerpo, la sexualidad y la reproducción, donde se han podido observar los complejos modos en los que la religión católica mantiene una influencia directa sobre lo político en nuestro país (Morán Faúndes, 2015). En este escenario, las disputas en torno al derecho al aborto han constituido uno de los espacios donde la presencia de las voces de la Iglesia Católica se ha visto mayormente concentrada.

Sin embargo, puede pensarse también que las propuestas feministas y del movimiento de la diversidad sexual en los últimos tiempos han logrado impactar de múltiples modos en dicho terreno. El ingreso de los derechos sexuales y reproductivos a los debates políticos actuales generó una pluralización de las posiciones al respecto. En este sentido, las posturas religiosas se vieron obligadas a mutar desde el ala más conservadora, lo que implicó una reactivación en la defensa de un modelo tradicional de familia y sexualidad. En este campo, Juan Vaggione (2005) ha llamado la atención respecto del carácter reactivo de ese activismo en concreto, proponiendo para ello el concepto de “politización reactiva”. Esta reestructuración, a su vez, ha propiciado nuevas formas de activismo religioso conservador basado en alianzas ecuménicas en rechazo a las demandas de derechos sexuales y reproductivos. Lo interesante son las formas que adoptan estos actores, aglutinados en agrupaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, que se desenvuelven en el espacio público resguardando una moral sexual conservadora o moderada. Vaggione hace hincapié en el modo en que estas organizaciones actúan públicamente como un apéndice civil de la institución religiosa, penetrando espacios de la vida social que pueden ser difíciles de alcanzar incluso por la misma Iglesia.

Ahora bien, el terreno de conflicto por excelencia lo constituye la esfera jurídica. En este contexto confluyen intereses y valores, tanto individuales como comunitarios, lo que invita a pensar el modo en que los debates en la sociedad civil penetran los arcos de la legalidad. Dentro de los diferentes discursos, estrategias y configuraciones de los actores organizados en torno a la lucha por el acceso y legalización/despenalización del aborto, se destaca al cuerpo, la sexualidad y la reproducción como los “terrenos políticos” por excelencia donde se disputan los sentidos de su propia politización.

Una de las principales estrategias desarrolladas por los movimientos religiosos tiene una fuerte tendencia hacia la judicialización del concepto. Aquí aparece la discusión respecto del inicio de la vida, así como otros fundamentos inscriptos en la bioética y la biomedicina, siempre en relación a los derechos humanos. Esto es lo que Vaggione (2005) ha denominado “secularismo estratégico”, que se resume en una retórica secular científica y legalista. El discurso religioso, entonces, está fundamentado sobre la idea de la “defensa de la vida”, conjugando elementos científicos y jurídicos que pretenden presentarlo como una verdad objetiva y neutral.

Es preciso aclarar que el vínculo entre las creencias y el aborto es complejo. Este no puede reducirse a modelos binarios que asocien a la religión-rechazo al aborto, y no creencia-apoyo prácticas de interrupción del embarazo. De esto da testimonio la existencia de movimientos políticos como “Católicas por el derecho a decidir”, una organización católica que lucha por la despenalización del aborto.

Lo que no puede negarse, es que el aborto sigue siendo una práctica presente entre las mujeres de diferentes estratos sociales, y el principal problema aquí lo constituye el modo en el que acceden al mismo. Ante la ausencia de sistemas legales y sanitarios que cubran satisfactoriamente la demanda de interrupción de los embarazos, la autogestión se torna la vía mayormente utilizada, lo cual lo convierte en una problemática invisibilizada desde el Estado.

Para Alejandra Ciriza, “la lucha por el derecho al aborto depende de la visibilidad del carácter político de las regulaciones sobre la sexualidad y la reproducción” (Ciriza en Anzorena y Zurbriggen, 2013, p.65). Esto tiene que ver, en definitiva, con quitarle el velo de lo privado a las cuestiones vinculadas a la sexualidad para que sean tratadas de forma pública y responsable. La misma autora señala lo complejo que es llevar adelante el tratamiento de este tema en el marco de los derechos civiles en Argentina dado que “la Iglesia Católica y grupos de civiles fundamentalistas lograron un decisivo triunfo ideológico-político con la instalación de la equivalencia entre ´lucha por la despenalización y legalización del aborto´=´lucha a favor del aborto´” (Ciriza en Anzorena y Zubriggen, 2013, p.73). Esto ha implicado deslizar el sentido del aborto a la cultura de la muerte y a esos sectores como “defensores de la vida”, colocando al debate público en una polaridad difícil de desmontar. Además, agrega: “La apelación a la vida, a la imagen de la maternidad esplendorosa, a la fragilidad de los inicios de la vida humana, y la asimilación entre aborto y asesinato, son armas poderosas que han dado a estos grupos la iniciativa en el debate” (Ciriza en Anzorena y Zubriggen, 2013, p.74).

Por otro lado, también el discurso de los feminismos ha tendido a disputar argumentaciones en torno a la salud y la justicia social, e incluso, aparece un discurso más radicalizado en torno al derecho a decidir de las mujeres y su autonomía reproductiva. La disputa situada en el discurso incluye, como no puede ser de otra manera, el hecho de la nominación del problema.

Se entiende que las posibilidades de triunfo de los feminismos -y todos aquellos espacios que luchan por el acceso al aborto seguro como derecho ciudadano-, en promover e impulsar sus demandas en ámbitos como el legislativo, depende de su fuerza y coherencia interna; de las posibilidades en generar una acción colectiva; la existencia de aliados; la capacidad de generar actores institucionales; el modo de definir y argumentar sus demandas; y en relación a esto último, el modo de leer o crear oportunidades políticas. Es por ello que, todos los reclamos que se hagan en el plano político por concebir a las mujeres liberadas de la opresión y en su condición de ciudadanas plenas, demandan cambios en las significaciones con las que se lee la realidad, y en esa dirección debe orientarse hoy más que nunca la lucha por el aborto.

 

Bibliografía:

  • Brown, Josefina Leonor (2016). Actores Políticos Y Aborto ¿Clericales versus anticlericales? Buscando puntos de fuga en el debate político ideológico. Recuperado de http//www.clacaidigital.info:8080/xmlui/handle/123456789/67
  • Morán Faúndes, José Manuel y Peñas Defago, M. A. (2013). ¿Defensores de la vida? ¿De cuál “vida”? Un análisis genealógico de la noción de “vida” sostenida por la jerarquía católica contra el aborto. Sexualidad, Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana N.15 -pp.10‐36.
  • Ramos, Silvina (Compiladora) (2015). Investigación sobre aborto en América Latina. Buenos Aires. Centro de Estudios de Estado y Sociedad-CEDES. Libro digital, PDF.
  • Vaggione, Juan Marco (2010). El activismo religioso conservador en Latinoamérica. Argentina. Editorial Colección Religión, Género y Sexualidad.
  • Zurbriggen, Ruth; Anzorena, Claudia (Compiladoras) (2013). El aborto como derecho a las mujeres: otra historia es posible. Campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Buenos Aires. Editorial Herramienta ediciones.

 

* Estrenando título de Lic. en Sociología. Sanjuanina, hincha de River y militante feminista.

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