EL MONOPOLIO DE LA VIOLENCIA SE EJERCE POR LA ESPALDA

¿El pogo ricotero de Patricia Bullrich al ritmo de “a un perro se lo cura como se cura a un perro” se está llevando puesta la república?

Por Javier Frias

Ningún chorro nace pibe

Los hechos recientes son conocidos. Un pibe de 12 años postrado sobre el asfalto tucumano con un buraco en la nuca a manos de una bala policial. Ciertamente hay una parte de la sociedad argentina que coquetea (cuando no está directamente involucrada en un romance abierto) con las soluciones represivas. En aquel caso la pregunta inmediata es “¿qué habrá estado haciendo?”. El interrogante funciona como una justificación post-facto: toda violencia puede reconstruirse a partir de un “haber hecho” previo.

A quienes, en cambio, elaboramos atónitos la repregunta “¿cuántos años tenía?” nos cabe el maniqueo calificativo de “defensores de chorros”. Tampoco es que tengamos tantas pretensiones, pero al menos cabe preguntarse si aquel conjunto de principios y acuerdos mínimos que llamamos Estado de derecho sigue teniendo algún sentido en la actualidad; si matar a un pibe de 12 años no es un reconocimiento demasiado temprano del Estado respecto de su propio fracaso; y en tal caso, si existe alguna edad límite en que el Estado puede determinar que un ser humano se convierte en un perro incurable.

Superación dialéctica de la “Teoría de los dos demonios”

En Patricia Bullrich el ataque al Estado de derecho asume carácter doctrinal. Es por todos conocido que, en nuestra jurisprudencia, cuando alguien es acusado de cometer un delito la norma señala que tal persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, en los casos en que la denuncia recae sobre el propio Estado el principio funciona al revés: es el Estado el que debe poner a disposición de la justicia las evidencias que demuestran su inocencia. Esta excepción obedece a la característica única que tiene el Estado de ser juez y parte en los conflictos en que está involucrado.

Por eso es que la tan mentada Doctrina Chocobar implica, en los hechos, una doble inversión del principio de inocencia. Para la ministra de seguridad ya ni siquiera opera sobre el Estado la misma presunción que rige para los ciudadanos de a pie. Por el contrario, en su singular lectura de la legalidad democrática las fuerzas de seguridad en ningún caso pueden ser culpables: su versión de los hechos “tiene carácter de verdad”. Quizás estemos un poco conformistas, pero al menos los promotores de la teoría de los “dos demonios” tenían la gentileza de considerar a la violencia estatal como uno de los demonios.

Weber ya no es lo que era

Frente a los recientes casos de exceso policial la explicación oficial viene apoyándose en la hipótesis del enfrentamiento. Es interesante porque tal interpretación no sólo hace abstracción de la asimetría de fuerzas entre los actores implicados (disparidad que ninguna democracia puede ignorar), sino que además se da de narices con la realidad. En efecto, los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Pablo Kukok y Facundo Ferrerira han encontrado al andamiaje represivo estatal corriendo a sus víctimas desde atrás. Como advirtió Daniel Cecchini, y parafraseando la fórmula weberiana, el nuevo Estado punitivo detenta el monopolio de la violencia legítima por la espalda.

Pero hay una diferencia con el planteo original de Weber. Para el sociólogo alemán el Estado fundaba el ejercicio de la violencia sobre la base de su legitimidad. En el caso del macrismo es al revés: el Estado funda su legitimidad sobre la base del ejercicio de la violencia. Por eso decir que el ajuste económico no cierra sin represión es una verdad a medias. El acto de reprimir se completa con la simbolización política de la represión. Los laureles otorgados a Luis Chocobar demuestran que para el gobierno la represión no es sólo coacción física sobre los cuerpos, sino también fuente de legitimidad social. De paso cañazo constituyen una presión abierta del ejecutivo sobre la justicia. Pero ahora que el traje de la república está muy pasado de moda tampoco tiene demasiado sentido esa advertencia.

Paréntesis: Legislar la vida, ¿una cuestión de ciencia?

En estos días en que los diversos feminismos han puesto en agenda la problemática del aborto es útil seguir de cerca aquel debate para rastrear las maneras en que nuestra sociedad se representa la relación Estado/vida humana. Nótese que, aunque comúnmente ligadas a afinidades religiosas, en general las posiciones contrarias a la legalización del aborto se basan en un planteo puramente cientificista. Es decir, el principal argumento de aquellas posturas es que la ciencia ha demostrado que la vida comienza desde la concepción.

El problema fundamental de esta línea argumentativa es que la comprobación científica de que algo tiene vida no prescribe, en ningún caso, formas específicas de actuación del Estado. Y ello porque el Estado no regula vidas en abstracto, sino los conflictos concretos que surgen de aquellas. Su intervención es siempre técnico-política: no legisla sobre los hechos en crudo, sino sobre la interpretación de los hechos.

El tema que nos ocupa puede servir de ejemplo, pues, si hay algo en lo que toda la ciencia planetaria está unánimemente de acuerdo es que un delincuente es una persona con vida. Sin embargo, de ese consenso científico derivan estrategias de intervención distintas: la pena de muerte, la detención vía proceso judicial y la justicia por mano propia son maneras diferentes de regular esa vida. En cada una de ellas está en juego una mirada particular del Estado respecto del orden social.

Que se mejoren allá en la eternidad

Según nuestra Constitución, y contrario a lo que vocifera el populismo punitivo, la vida de la víctima de un delito tiene mayor valor que la de la persona que delinque. De manera que si la víctima mata a su victimario en medio del robo la figura de la legítima defensa la exime de ir a prisión. Es una protección jurídica que sólo rige en las situaciones en que la vida de la persona corre peligro.

La Doctrina Chocobar se basa en una grosera deformación de los contextos en que está habilitada la legítima defensa, tal como quedó demostrado en el caso del asesinato de Pablo Kukok. La vía libre a las fuerzas de seguridad es, si se quiere, una ejecución desinstitucionalizada de la pena de muerte. Llevada al extremo, la elasticidad de la política de seguridad puede ser incluso peor que la propia pena de muerte puesto que aquella al menos se funda en normas claramente establecidas. Con el “siga, siga” del Estado punitivo la pena de muerte queda sujeta a la mano caliente del policía. El único juicio justo que le cabe al presunto delincuente es la voz de alto del aparato represivo del Estado. Si no acata, el policía decide.

Las formas tienen que ver con el fondo

La jurisprudencia argentina no permite el uso indiscriminado de la fuerza a la seguridad estatal. Por el contrario, reconoce protocolos de actuación frente al delito y establece formas de intervención en los que la apelación al arma de fuego sólo está contemplada en casos en que está en riesgo la vida propia o la de terceros. Ahora bien, ¿qué lectura sobre lo social está en la base de esas reglas que instituye el Estado de derecho?

En principio, no se trata de procedimientos puramente formales, sino que se fundan en el carácter preventivo y disuasivo que debe tener el Estado en materia de seguridad. Que las fuerzas policiales no puedan hacer lo que quieren obedece, así, no sólo al reconocimiento del derecho a la vida del delincuente, sino también al cuidado de la vida de los propios policías y de la sociedad en su conjunto.

La estadística que difundió el CELS recientemente es ilustrativa al respecto: 2 de cada 3 personas que murieron a manos de policías en 2017 fueron asesinadas por efectivos que estaban fuera de servicio y más del 70% de los policías asesinados en los últimos 20 años estaban fuera de servicio al momento de morir. Es decir, allí donde se difumina la regulación estatal sobre el ejercicio de la fuerza la vida de todos, sin distinción, corre mayor peligro.

Estos datos están, además, en línea con los estudios del tema que advierten sobre el fracaso de las políticas de mano dura para frenar el delito y sobre el agravamiento generalizado de los niveles de violencia social e institucional que la aplicación de esas políticas conlleva.

Claro que los déficits de las visiones punitivas no pueden ser meramente reemplazados por una explicación sociológica del delito. No alcanza con reconocer la naturaleza multicausal de los problemas de seguridad. Pero sí es un buen punto de partida para impulsar una política integral de seguridad que enfatice la función social de la policía e incorpore a otros actores tanto o más relevantes para la construcción de canales de convivencia ciudadana. Programa, este último, que no parece estar en la agenda de un gobierno propenso a esquivar la mirada cuando tiene a la sociedad de frente y a apretar el gatillo cuando la tiene de espaldas. Probablemente en esto, como en otras temas, el faro de la Argentina sigue siendo el Brasil, cuyo Estado policial acaba de cobrarse impune y cobardemente la vida de Marielle Franco.

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