NO SOY SÓLO UNA CATEGORÍA JURÍDICA

Las etiquetas y clasificaciones no existen sólo “en el papel”, sino que nos atraviesan constantemente y definen nuestras prácticas colectivas. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un inmigrante, un refugiado o un ilegal en la actualidad?

Por Amira Denise Funez

Foto: Jeoffrey Guillemard

De manera cotidiana escuchamos hablar sobre inmigrantes, sobre ilegales o sobre refugiados. En este lado del mundo las referencias, en su mayoría, versan sobre cientos de refugiados naufragando en costas europeas, “ilegales” que cruzan la frontera México-Estados Unidos, o migrantes latinoamericanos que se trasladan hacia el cono sur del continente. En el mejor de los casos, cuando la “noticia” dura lo suficiente para quedar haciendo ruido en nuestras cabezas, nos preguntamos: ¿qué tienen de diferente estos grupos de personas para que su denominación cambie, si lo que vemos en todos los casos es la huída de una situación desesperada?

Para los organismos internacionales, y para cada Estado en concreto, somos todos humanos pero nuestros derechos no son los mismos. Así de simple. Fue a partir de la segunda posguerra, cuando el cruce de fronteras en la Unión Europea era incontenible, que se comenzaron a crear categorías jurídicas para clasificar a quienes se movilizaban fuera de su país de origen, basándose principalmente en las causas que suscitaban la migración internacional. Veamos algunas de ellas.

Al hablar de movimientos migratorios internacionales, hemos de ser conscientes de que éstos implican procesos, características y dificultades muy diferentes. En el nivel más general de análisis se encuentra el concepto de migración, el cual la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define como el movimiento de una persona o grupo de personas a través de una frontera internacional, o dentro de un Estado, cualquiera sea su longitud, composición y causa. Dentro de esos motivos se incluye la migración de refugiados, desplazados, migrantes económicos, y personas que se trasladan por otros fines como la reunificación familiar (OIM, 2011).

En consecuencia, la OIM describe a un migrante como:

cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estancia.

En un plano distinto, la concepción más inclusiva de refugiado (a la cual Argentina adhiere) es la que otorga la Declaración de Cartagena de 1984. En ella se define como refugiados a:

  • aquellas personas que, por fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran acogerse a la protección de tal país (Convención de Ginebra, 1951).
  • personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público (definición ampliada en la Declaración de Cartagena).

Respecto al segundo ítem, ciertos posicionamientos teóricos clásicos distinguen entre migraciones voluntarias (o simplemente migraciones) y migraciones forzadas o desplazamiento forzado. Las primeras están caracterizadas por la presencia de la voluntad del migrante, quien, haciendo uso de su racionalidad, libremente la ejercita para poder movilizarse hacia otros espacios geográficos. Esta facultad directamente se relaciona con dos derechos que tiene el individuo en tanto ser humano: la posibilidad de movilizarse o no de su lugar de origen y el derecho de poder escoger el lugar de su residencia, consagrado como prerrogativa en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por el contrario, la migración forzada se caracteriza porque los sujetos que se enmarcan dentro de ella, no tienen la capacidad de elegir libremente. Ejercitar la racionalidad en torno de la decisión de migrar, como una alternativa más de un abanico de opciones, se escapa a sus posibilidades.

Entonces, volviendo a los ejemplos puestos en el inicio, ¿qué diferencia hay entre un refugiado sirio huyendo a las costas griegas, un centroamericano cruzando la frontera con Estados Unidos, y un venezolano llegando a nuestro país? Podríamos decir que los contextos son diferentes, y que los tipos de violencia que se ejercen en cada uno de esos países también lo son, tanto en origen como en intensidad. Pero la diferencia está en el concepto: si no se reconoce a una persona o grupo de personas como refugiado, éstos se vuelven simples “migrantes económicos”, o “ilegales” en algunos lugares, sujetos a todo tipo de trabas y discriminación al momento de la integración a las sociedades receptoras. Y es que si nos atenemos nuevamente a lo conceptual, estos colectivos pueden “decidir”, su decisión fue “racional”, por ende, no hay una “urgencia” a la cual dar respuesta.

No obstante, la categoría de refugiado, muy amplia e inclusiva sobre todo en nuestro país, pone una enorme trampa: quien otorga el estatus de refugiado (y con él, los derechos a los que se puede acceder) es el Estado receptor, por más de que las causas que dieron origen a la migración forzada estén contempladas de manera textual en la definición. Y como bien sabemos, el Estado es un enorme aparato burocrático que no suele distinguir, en términos de tiempo, entre un trámite para el pasaporte y una persona solicitando asilo de manera urgente.

Y he aquí el quid de la cuestión: ¿pueden los Estados seguir ateniéndose a definiciones formales de lo que es un refugiado, la cual deja de lado millones de casos? Habemos quienes creemos firmemente que NO. La definición de refugiado no es una mera cuestión discursiva. Ser un refugiado es, en muchos países del mundo, la única manera de que se reconozcan derechos a una persona que se encuentra fuera de su país. Cuando un Estado se basa en definiciones formales, y no en concepciones amplias, no está garantizando la total protección de los Derechos Humanos.

En la actualidad, las posturas políticas al afirmar o negar la existencia de violencia generalizada en tal o cual país, está por encima de los derechos básicos de quienes huyen de esa violencia. Y es que al decir que los centroamericanos que cruzan a Estados Unidos son “migrantes económicos, e ilegales”, estamos haciendo la vista gorda respecto de ciertas situaciones de violencia física, política y económica de los países de esta región, que obligan a los ciudadanos a migrar.

De más está aclarar que estas definiciones son polémicas y están en debate abierto, hoy más que nunca. ¿Hasta qué punto la migración de un individuo que busca mejores condiciones de vida que las que su entorno puede ofrecerle es “voluntaria”? ¿Por qué no es forzada la migración como consecuencia de la escasez económica? ¿Qué pasa con los proyectos de desarrollo que prácticamente obligan a colectivos de individuos a desplazarse hacia otros lugares, ya sea internamente o cruzando fronteras? Estas y otras tantas limitaciones tienen las definiciones acerca de los refugiados y los migrantes, ya que lo que prevalece es la lógica de los Estados nación y su prioridad de “cuidar” las fronteras, a la vez que las leyes de la “libertad de mercado” extendidas a todo el accionar de las personas, descargan la responsabilidad únicamente en los individuos, cuando la realidad es compleja y multicausal.

Esta nota tiene más preguntas que respuestas, pero consideramos que es la base para un cambio de paradigma que, lógicamente, no depende sólo de las políticas públicas. Porque si se comparte una noticia de bombardeo en Siria con un emoticón de llanto, pero luego se mira al extranjero (a un cierto tipo de extranjero, claro) como ese otro que se “aprovecha” de lo que un país ofrece… ¿qué podemos esperar?

 

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