SOCIÓLOGXS POR EL DERECHO A DECIDIR

Reproducimos el documento del Colectivo de Sociólogas y Sociólogos de Mendoza por el derecho a decidir.

*Fotografía: Alber Piazza


Les abajo firmantes, más de 200 Sociólogas, Sociólogos y Estudiantes de la carrera de Sociología de la provincia de Mendoza, manifestamos nuestra adhesión al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que cuenta ya con media sanción de la Cámara de Diputados, y será tratado el día 8 de agosto de 2018 en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

Ciencia, Salud Pública y Laicidad del Estado

El Estado ha legislado históricamente sobre el cuerpo y la vida de las mujeres y de las personas gestantes. Los cambios políticos, sociales y culturales han dado cuenta del necesario avance del proceso de secularización en materia de políticas públicas, por lo que dicha legislación debe hacerse atendiendo a una mirada histórica y sensible a los tiempos que corren. La iglesia católica y las demás instituciones religiosas no deben interferir en las decisiones sobre la salud pública de nuestro país, estas deben darse sobre la base de argumentos anclados en estudios científicos y no en dogmas religiosos, morales o creencias individuales.

En ese sentido la Ley de IVE que se encuentra en debate constituye un claro avance en derechos porque reconoce la autonomía de mujeres y personas gestantes para decidir sobre sus proyectos de vida, a la vez que respeta las posiciones y creencias de los/las profesionales médicos. Sin embargo, esta situación no puede aplicar para las instituciones que ofrecen servicios de salud, ya que éstas no tienen conciencia y su función es garantizar atención respetuosa y de calidad a las personas que así lo requieran.

Acceso igualitario a la atención sanitaria de las mujeres y personas gestantes

El debate en el Congreso debe tener en cuenta ineludiblemente el acceso igualitario de las personas gestantes a decidir la interrupción de un embarazo. Esta práctica que hoy se realiza en la clandestinidad afecta aún más a sectores sociales con menos recursos económicos. Mueren mujeres pobres en dichos abortos porque no pudieron acceder a una práctica en condiciones de salubridad, condiciones a las que sí acceden mujeres y personas gestantes con la disponibilidad de recursos para ello.

Reconocer entonces que el aborto existe y que hacerlo en la clandestinidad implica un desigual acceso a la salud, es uno de los factores que no puede soslayarse si deseamos una sociedad en la que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar sean igualmente respetadas y tengan las mismas posibilidades para decidir sobre lo que desean para sus vidas.

Por esto consideramos que no alcanza sólo con la despenalización, exigimos que se legalice para que el Estado asuma en su integralidad la responsabilidad sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en todas las áreas que le competen: educación sexual en las escuelas, acceso libre y gratuito al uso de métodos anticonceptivos, IVE.

¿Autonomía o salud patriarcal?

Los embarazos no deseados son el resultado singular de una diversidad de factores condicionantes o directamente contingentes, entre los que predominan la apropiación y distribución desigual de los recursos económicos y socioculturales; y sobre todo, operan los mandatos patriarcales que asignan una posición desigual y subordinada a las mujeres y personas con capacidad de gestar desde la infancia.

El sistema de salud que atiende a las personas en situación de aborto reproduce con sus prácticas los estereotipos machistas de esa cultura patriarcal, porque enaltecen el rol materno y hostigan a las mujeres cuando no se acomodan a este rol. Se caracteriza por establecer relaciones jerárquicas y verticales entre el personal asistencial y les pacientes. En este contexto, se naturaliza el avasallamiento de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes a su autonomía, porque se las ubica en un lugar de subordinación a las normas establecidas por protocolos y especialistas donde ellas “no pueden ni deben” decidir.

En los últimos tiempos la salud pública  ha centrado las políticas de maternidad e infancia en torno al proceso de nacimiento y crianza, con el resultado favorable en la reducción de la mortalidad infantil en el país. Sin embargo se reforzó el rol materno y de cuidadoras en las mujeres y personas con capacidad de gestar sosteniendo esa desigual estructura patriarcal.

Sostenemos que las mujeres no son instrumentos de la reproducción humana, tampoco incubadoras, son seres humanos con capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. La sociedad avanzará en democracia cuando las mujeres y personas con capacidad de gestar logren autodeterminación sobre sus cuerpos y cuando haya reconocimiento pleno de su ciudadanía.

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