“NO FUERON LOS 30 PESOS, SON 30 AÑOS”

Por Felipe Ruiz Bruzzone

¿Por qué escribir hoy, sobre Chile?…

Este breve escrito busca compartir una serie de apreciaciones que permitan comprender las impresionantes postales que han dejado (y siguen dejando) los ya cinco días de revuelta social en Chile. Y es que entre diversas situaciones de conflictividad social a escala global (Ecuador, Cataluña, por mencionar algunas), hasta hace algunos días eramos sindicados por nuestro presidente como un “oasis con una democracia estable”… hoy miércoles 23 de octubre, tras cinco días de un cóctel de alto octanaje de movilización social masiva y pacífica, una intensa violencia social expresada en saqueos e incendios urbanos, Estado de Excepción Constitucional declarado hace cuatro días, Fuerzas Militares desplegadas en las calles con Toque de Queda mediante, quince personas muertas, centenares de heridxs (entre ellos al menos treinta y cinco niñxs), más de mil quinientas personas detenidas y vejaciones sexuales a mujeres detenidas, la confirmada existencia de un centro de detención y tortura clandestino, entre otra serie de violaciones a los Derechos Humanos, la afirmación señalada da paso al desconcierto pues… ¿qué le sucedió al mentado oasis democrático chileno?

…Tres claves de lectura para contextualizar la situación chilena

Un primer aspecto a considerar es que la situación de masas que se inflamó en Chile –entre el lunes 14 y el viernes 18 de octubre– fue gatillada por un alza de $30 pesos en el precio del pasaje del transporte público en Santiago (la capital) puesta en marcha el lunes 7 de octubre. Esta alza conectó con diferentes “hastíos” de la población, que pueden resumirse en un insostenible nivel de vida (bajos ingresos y alto costo de la vida, coberturas de salud pública insuficiente, alto endeudamiento de los hogares donde los créditos por estudiar juegan un papel relevante, bajas pensiones como efecto de la privatización del sistema que administra los fondos, jornadas laborales muy extensas, etc.) caracterizado por una alta mercantilización de todas las esferas de la vida cotidiana, y diversos abusos empresariales que durante los últimos años han ido minando la legitimidad del pacto social (colusiones de precios en el papel higiénico, entre farmacias, entre cadenas distribuidoras de alimentos de primera necesidad como la carne de pollo, evasiones tributarias gigantescas que terminaron con clases de ética como “condena” a los ejecutivos involucrados).

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Fotografía: Pablo O’Ryan

Como ha venido siendo desde hace un par de décadas la mecha del descontento la inflamó el movimiento estudiantil (estudiantes de educación secundaria principalmente), que comenzaron a protagonizar ocupaciones de las estaciones del tren subterráneo de Santiago (el “Metro”) y a facilitar evasiones masivas al pago del transporte público. La respuesta del poder ejecutivo comandado por Sebastián Piñera siguió el guión clásico con que la política ha procesado los conflictos sociales en las últimas décadas: por una parte, clausurar tecnocráticamente el debate y, por otra, militarizar (con policía) y cerrar diversas estaciones de metro durante tales días (en medio de la jornada laboral) para evitar la evasión. Estas medidas provocaron un caos vial de proporciones y un movimiento de masas que en un lapso de 48 horas (durante el jueves 17 y viernes 18 de octubre) decidió evadir de forma sistemática el boleto y ocupar de forma fáctica las instalaciones del transporte público subterráneo en modo de protesta.

Ante esta situación el ejecutivo profundizó la parte represiva de su estrategia: al final de la tarde del viernes 18 de octubre se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado para quienes evadieran el transporte público en Santiago, lo que incendió por primera vez la ciudad durante la noche con masivas manifestaciones, arduos enfrentamientos con fuerzas policiales y los primeros incendios de estaciones de Metro y saqueos al comercio, a lo largo de la Región Metropolitana. En coherencia con la ruta ya señalada, durante la madrugada del sábado 19 de octubre el ejecutivo decidió aplicar Estado de Emergencia en Santiago: la ciudad amaneció con efectivos militares desplegados en las calles, lo que generó mayor descontento ciudadano. Ante el recrudecimiento de las manifestaciones en la capital, Sebastián Piñera recurrió a la táctica de la zanhoria y el garrote: a las 19:00 del mismo día anunció que congelaría el alza de tarifas del transporte en la zona metropolitana, mientras que a las 19:30 el general de las Fuerzas Armadas a cargo de la ciudad anunció toque de queda para toda la región entre 22:00 y 07:00.

Un segundo elemento a tomar en cuenta es la tremenda adhesión y despliegue de energía social que han generado estas movilizaciones entre la ciudadanía. Las medidas del gobierno de Sebastián Piñera ya descritas no han aplacado el descontento, al contrario: el reguero de pólvora del malestar se expandió al resto del país con toda la ciudadanía “oliendo a dictadura”, incluso desafiando y rechazando la presencia militar en las calles. La noche del sábado 19 de octubre se amplió el Estado de Emergencia y el Toque de Queda a las dos siguientes ciudades más grandes de Chile en términos poblacionales (Valparaíso y Concepción) y desde ahí el espiral dicotómico de manifestaciones ciudadanas masivas y episodios de violencia urbana no han cesado.

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Fotografía: Pablo O’Ryan

Por un lado, excediendo con creces el problema de las tarifas del transporte de la región metropolitana, se han desplegado multitudinarias movilizaciones pacíficas (marchas y “cacerolazos”) que al día martes 22 de octubre alcanzan una escala nacional, y cuya narrativa – que puede ser sintetizada en la consigna “No son treinta pesos, son treinta años” – ha manifestado un profundo hartazgo de la ciudadanía con el “pacto social” en Chile vigente desde la salida de la dictadura en 1990. Por otro lado, esto ha sido acompañado con una ola de violencia urbana, marcada por saqueos, destrucción e incendios, que parecen dirigirse a los principales símbolos del abuso y del poder de la sociedad chilena: supermercados usureros, estaciones del Metro en Santiago, farmacias que se coluden, pórticos de peaje en autopistas concesionadas que cobran precios exorbitantes, sucursales bancarias, locales de la prensa conservadora chilena, sucursales de las administradoras privadas de fondos de pensiones, íconos religiosos y una larga lista que se vuelve difícil resumir en estas líneas. Por cierto, tales situaciones también han generado complejas situaciones de delincuencia y violencia hacia el pequeño comercio y zonas residenciales trastocando por completo el normal funcionamiento de las ciudades, mediante lo cual se ha fundamentado (desde el poder Ejecutivo y la Derecha) la implementación de Estado de Emergencia y Toque de Queda a escala casi nacional.

Pero sin lugar a dudas un dato muy relevante es que la movilización se ha dado de forma transversal en diferentes capas de la sociedad chilena y en una amplia diversidad de zonas de sus ciudades: no resulta para nada común presenciar manifestaciones colectivas en uno de los barrios más ricos de Chile, y menos aun observar tanquetas y efectivos militares desplegados en tal vecindario para disolver una manifestación pacífica. No se trata de una movilización asociada solamente a los sectores más desposeídos de la sociedad: es una movilización popular y de sectores medios, algo bastante inédito y que le otorga una masividad no vista en las últimas décadas. Se ha propuesto entender este fenómeno como la emergencia de un “nuevo pueblo chileno”: una generación hija de las transformaciones neoliberales que, por fuera de cualquier canal de representación tradicional –gremios, sindicatos, organizaciones sociales o partidos políticos– ha puesto su malestar social de forma directa y radical en el debate democrático.

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Fotografía: Pablo O’Ryan

Finalmente, asistimos a la estupefacción (¿o tozudez?) de la  élite chilena y a una situación de vacío político que refuerza la idea de una desconexión profunda entre la política y la sociedad. La masificación de las movilizaciones ciudadanas y el creciente espiral de violencia han dejado “perplejos” a los representantes de la élite política y cultural chilena que “no se esperaban” este “estallido”: desde famosos periodistas y rostros de televisión duramente cuestionados en las últimas 48 horas por su desconexión con la realidad, hasta una primera dama que califica la revuelta  como una “invasión alienígena” que los obligará a “ceder privilegios”.

Lo acaecido socialmente no ha construido, hasta ahora, formas de mediación hacia la política institucional: representa un hastío y una explosión social colectiva, combustionada de forma espontánea desde la sociedad. Esto ha prolongando una situación de vacío político en el país que hasta ahora sólo ha sido conducida desde un prisma autoritario. Las fuerzas políticas de derecha, hegemonizadas constantemente por una línea pinochetista-golpista que logra imponerse, se atrincheran en una narrativa que sólo destaca los actos de vandalismo y delincuencia, reduciendo el asunto a un problema de seguridad pública, y legitimando el progresivo estrechamiento de la democracia que se vive en el país. Por otra parte, la “socialdemocracia” criolla (ex Concertación de Partidos por la Democracia), vaciada socialmente, busca reeditar el formato de cierre cupular al conflicto con el que procesó la conflictividad social de las últimas décadas: un “acuerdo sobre un Nuevo pacto Social” diseñado entre las cuatro paredes de élites políticas sin legitimidad social, solución que parece bastante inútil ante el escenario descrito. Finalmente, las fuerzas políticas emergentes como el Frente Amplio (principalmente mediante vocerías ligadas al trabajo parlamentario) y organizaciones sociales protagonistas de conflictos sectoriales recientes (pensiones, estudiantil, sindical, medioambiente, feminismo, agrupadas en la Plataforma Unidad Social), también han quedado fuera de juego, sin desplegar –hasta ahora– un rol protagónico en, al menos, el establecimiento de los contornos de un debate democrático que pudiera encontrar soluciones plausibles al conflicto.

El famoso qué hacer… entre la “estupefacción” de la élite y la ruta política hacia un inédito pacto social democrático…

Luego de cinco días donde la conducción autoritaria del conflicto social ha primado, urge diseñar formas de salida democrática: un espiral de violencia estatal ejercida sobre la sociedad es algo que con fuerza debemos impedir. Sin embargo, debido a las características del Octubre Rojo de Chile ya destacadas, esta urgencia pierde su sentido si la solución se sigue buscando en un paquete de medidas de ajuste a ciertas politicas públicas, diseñadas en algún tipo de consenso tecnocrático-elitario como el propuesto por una parte de la oposición, o como las iniciativas que anunció anoche Sebastián Piñera. Medidas de este tipo no lograrán sintonizar con lo que la sociedad chilena ha demandado con fuerza durante las últimas jornadas y quedarán off-side para una resolución democrática del conflicto social.

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Será crucial que en los próximos días se logre articular un espacio de mediación entre la esfera de la política y la sociedad movilizada, que dinamice un debate democrático, y que logre funcionar como ámbito de interlocución con el poder Ejecutivo y Legislativo. Allí puede jugar un rol fundamental una articulación virtuosa entre la posición actual del Frente Amplio y la de las diferentes organizaciones de la Plataforma Unidad Social que han convocado a un paro nacional para hoy miércoles 23 y mañana jueves 24 de octubre: exigir la desmilitarización de Chile como un piso mínimo para el diálogo político, y poner sobre la discusión demandas que la sociedad chilena ha venido instalando desde hace dos décadas, y que han sido sistemáticamente desoídas por las capas dominantes.

No hace falta inventar la rueda, pues las luchas sociales desde donde proviene este conglomerado político y la organizaciones sociales mencionadas ya han desarrollado un pliego de propuestas (sistemáticamente desoídas) durante los últimos años: Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, Aumento del Salario Mínimo, Nacionalización del Agua y los Recursos Naturales, Reforma Tributaria Progresiva, Fin a las Deudas por Estudiar y Fortalecimiento de la Educación Pública, Construcción de un Sistema Previsional Público, Solidario y de Reparto, entre otras. Es una apuesta arriesgada, sin duda, y que no está asegurada. Pero vale la pena intentarlo a echar por la borda la posibilidad de un debate que consolide un pacto social democrático, fundado en reformas sustantivas, que apunten a una redistribución de los recursos orientada a una mejora significativa de las condiciones de vida de las grandes mayorías.

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Sobre el autor:

Felipe es sociólogo, Frenteamplista e investigador de la Fundación Nodo XXI en el hermano país de Chile.