VICENTÍN Y LOS DEBATES DE LARGO PLAZO

Por Andrés Musacchio

El proyecto de intervención y expropiación de Vicentín anunciado ayer comienza a despertar algunos debates dormidos en la economía y en la sociedad argentinas. Por supuesto, es importante la faceta de recuperar los créditos del Estado e impulsar una investigación judicial a fondo, delimitando responsabilidades en algo que parece ser el vaciamiento de la empresa y la absorción dolosa de recursos del Estado. Deberá fallar la justicia, con suerte antes de que la causa prescriba.

Pero el proyecto es más ambicioso que la simple cuestión patrimonial. Al menos tres aspectos de largo plazo se desprenden de él. Dos de ellos han sido rápidamente reconocidos por varios medios masivos de comunicación. El tercero debe aún ser internalizado por el gobierno y discutido ampliamente en la sociedad.

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Por una parte, el rol clave de Vicentín en el mercado exportador permite operar con una empresa testigo sobre los mercados de granos, de aceites y de carnes. De esa forma, se avanza sobre un instrumento importante para estabilizar los precios de las exportaciones y, especialmente, de los alimentos en el mercado interno. El quiebre de la lógica de la maximización del beneficio permitirá que, sin generar ineficiencias, la política de precios de la empresa sea diferente. La importancia de Vicentin en un sector altamente concentrado tendrá influencias sobre el resto de los “jugadores”. Si de jugadores se trata, valga la pena recordar también que la estatización será un tiro por elevación a los mercados financieros, tan adeptos a apostar especulativamente sobre los precios futuros de los granos. Una práctica muy distorsiva, que repercute en la oferta y el precio de los alimentos.

El segundo aspecto tampoco es menor para la economía argentina. El significativo lugar de Vicentin como exportador provee al Estado de una herramienta de peso en el funcionamiento del mercado cambiario. Como señalan algunos sagaces analistas, de esta forma se garantiza que no haya una retención especulativa (en el sentido económico, pero también político) ni de los granos, ni de las divisas. Sin determinar el tipo de cambio, Vicentin puede mover el amperímetro y mejorar sustancialmente la posición del Estado a la hora de hacer política cambiaria y de enfrentar corridas especulativas.

Un tercer aspecto es, desde el punto de vista estructural, el más relevante. Y aquí los análisis que se leen en los medios sólo arañan la superficie. Se trata de la influencia que logra el Estado en la producción, distribución y consumo de alimentos. Se recogió la expresión presidencial de “soberanía alimentaria”. Pero… ¿Cuál es el alcance y que profundidad planea el gobierno darle a la idea de soberanía alimentaria a partir de la estatización de Vicentín?

Según recogen documentos de la FAO, la soberanía alimentaria no sólo asegura la alimentación de la población completa, sino que descansa, entre otras cosas, sobre modos de vida sostenibles; resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables; reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios; rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales; y es compatible con la naturaleza.

La cuestión de la soberanía alimentaria en un país que en las últimas décadas ha crecido en base a una agricultura intensiva, fuertemente concentrada, orientada a la exportación y, especialmente, utilizando agroquímicos de la peor calaña resulta un desafío extraordinario. Sobre todo porque el panorama del sector agropecuario es mucho más complejo e involucra también a un sector de productos orgánicos en crecimiento, a pequeños y medianos productores acechados por la “gran agricultura”, a la puja entre la producción masiva estandarizada y la diferenciación y conservación de multiplicidad de subespecies. Es decir, en el panorama agropecuario se abren numerosas contradicciones, con un enorme peso sobre toda la población.

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Para pensar una agricultura que potencie la diversificación, que de espacio a los pequeños productores, que aliente circuitos locales, que logre un balance entre exportaciones y mercado interno y que imponga y respete estándares ecológicos resulta indispensable romper con las lógicas del mercado. Sin necesidad de recurrir a instrumentos que “trabajen a pérdida” (en todo caso, ese debate podría abrirse también), es preciso salir de la lógica de corto plazo, orientada por los locos cambios de precios y la especulación financiera. Lanzar un proceso de planeación, de desarrollo tecnológico y de mayor equilibrio ambiental es una necesidad cada día más imperiosa en la Argentina. Incluso si quiere preservarse la inserción exportadora! Los debates en Europa sobre el acuerdo de librecomercio con el Mercosur, por caso, se centran sobre la utilización masiva y sistemática de agroquímicos tóxicos y variedades genéticamente modificadas en los países del Mercosur. La opción final derivada es una apertura del sector industrial por parte del Mercosur y el mantenimiento de barreras fitosanitarias estrictas por parte de la UE, que afectarán sistemáticamente a nuestro comercio exterior. Por supuesto, el acuerda, más allá de las exportaciones agropecuarias, es altamente ruinoso para la economía argentina, pero ese es otro debate.

Con un instrumento como el que el Estado está adquiriendo, es posible, pues, avanzar en resortes clave para abordar una nueva concepción agropecuaria que sea más sustentable en el largo plazo. En un sector agropecuario que permita una alimentación no sólo más accesible a toda la población, sino mucho más segura. Y permite impulsar las discusiones sobre la crisis ecológica de la región, que no tiene su arista más dramática (como en otras partes del mundo) en la generación de anhídrido carbónico, sino en las formas en las que se extraen los recursos naturales. La fumigación masiva de escuelas rurales con agroquímicos, la mortandad de peces cada vez que la lluvia lava los campos, los crecientes problemas de salud por envenenamiento en las ciudades, son las aristas más visibles de un problema grave de sustentabilidad.

Ese es el debate que debe abrir la sociedad a partir de la estatización de Vicentin. Y la iniciativa dota al gobierno de una nueva herramienta nada despreciable, que debe acompañarse con todos los resortes del Estado. ¡Que no se pierda una nueva oportunidad!

Sobre el autor:

Andrés es Doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador del IDEHESI-CONICET en temas de historia económica. Escribe sobre coyuntura en su blog caballos pesados, desde donde gentilmente nos convidó este texto.