VOLVER AL FUTURO

Por Romina Contreras

Pibe. Desaparición forzada, en democracia. Las fuerzas de seguridad nuevamente involucradas. Represión. La misma impunidad.

Sin dudas, éste podría haber sido el inicio de una nota escrita hace tres años atrás en referencia a la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. La semana que viene, el 1° de agosto, se cumplen tres años de la última vez que se lo vio con vida tras un violento operativo de desalojo comandado por la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, Chubut. Estuvo desaparecido 78 días hasta el 17 de octubre del 2017, cuando fue encontrado sin vida. La causa sigue abierta sin grandes avances. 

También podría ser el pie a una nota que traiga a mención los casos de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria. Este 2020 se cumplieron 30 años de su desaparición: el 28 de abril de 1990 fueron secuestrados por la Policía de Mendoza, luego de un operativo en el Parque General San Martín. A pesar de la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún no se conoce qué fue lo que sucedió con ellos, tampoco imputaciones ni sanciones hacia los responsables. Continúa siendo una deuda pendiente del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza y por ende, una deuda del Estado. Sus nombres se encuentran grabados en una placa conmemorativa al ingreso del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos – Ex D2 Mendoza, y sus casos son aludidos y recordados en cada visita guiada que se realiza por aquél lugar que funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, y que no casualmente fue el último sitio donde se los vió con vida. La influencia de ese pasado reciente se manifiesta claramente en cada uno de estos hechos que se suman a aquellos de similar gravedad, como los casos de gatillo fácil y de violencia estatal y represiva, de los que no estoy haciendo referencia directa en esta ocasión. 

Baigorria y Garrido

Sin embargo, lo que hoy nos cita en estas líneas no es ningunos de los acontecimientos nombrados en los párrafos anteriores. Lamentablemente, los hechos que reúnen las mismas características continúan ocurriendo. La impunidad presente en cada uno de ellos sólo posibilita que los mismos se reproduzcan a lo largo y ancho del país. 

Este jueves ya son tres meses sin noticia alguna de Facundo Astudillo Castro, quien el pasado 30 de abril fue visto por última vez siendo detenido por la Policía Bonaerense. Las pistas falsas, el tratamiento mediático desviando la investigación, la lucha y los reclamos de familiares y amistades, el encubrimiento del poder político se vuelven a hacer presentes una vez más, de la misma manera en la que aconteció con Santiago, con Raúl, con Adolfo, con Luis Espinoza, con Julio. Nuevamente estamos preguntándonos “¿dónde está?”, así como lo hacían nuestras Madres y Abuelas en plena dictadura. 

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Retratos pertenecientes a la muestra “Aparecidos” del artista Brian Carlson.

Sólo tenemos una única respuesta concreta. En los casi 37 años transcurridos desde el retorno de la democracia, poco y nada se ha hecho a fin de transformar las fuerzas policiales, tanto provinciales como nacionales. Por el contrario, se habilitan códigos contravencionales que legitiman el abuso y la estigmatización por parte de las fuerzas de seguridad, o quienes deberían estar dando respuestas se pasean dramatúrgicamente por medios de comunicación hegemónicos. 

El presente contexto de emergencia sanitaria no ha sido la excepción. El aislamiento social, preventivo y obligatorio ha dado lugar a excesos punitivos y represivos, en los que las represalias caen principalmente sobre las familias trabajadoras y los sectores populares, convirtiéndose así en una cuestión de clase. Es en este mismo escenario en el que desapareció Facundo.

Un pasaje de ida y vuelta a los momentos más oscuros de nuestra historia. La construcción de un presente con memoria urge para que ningún pibe más desaparezca o “se suicide” en alguna comisaría.